El texto sometido a información pública es muy básico y poco ambicioso. Reclamamos el papel de las Asociaciones y la jornada de 4 días laborables.
La Asociación de Examinadores de Tráfico, ASEXTRA, ha hecho públicas las observaciones que, en tiempo y forma, presentaron al anteproyecto de Ley de Función Pública.
“El texto sometido a información pública resulta muy básico y poco ambicioso para ser una ley por la que los funcionarios de la Administración General Civil del Estado (AGE) llevamos 8 años esperando”, afirma Joaquín Jiménez, Presidente de la Asociación.
Las observaciones presentadas se han centrado en dos bloques. Por un lado se han aportado redacciones alternativas para mejorar el texto propuesto ya que “consideramos que una ley que va a regular a un colectivo tan extenso como los funcionarios de toda la Administración del Estado no puede dejar aspectos tan importantes como las funciones de los cuerpos o escalas, convocatorias de procesos selectivos o petición condicionada de los concursos sin especificar”, declara Joaquín Jiménez.
“Nos ha llamado mucho la atención a este respecto que esta ley obviara palabras tan importantes como que la oferta de empleo público se tiene que ejecutar en 3 años improrrogables. El texto propuesto omite la palabra improrrogables, lo que no sabemos si obedece a un lapsus o se ha hecho con plena consciencia”, sigue manifestando Joaquín Jiménez.
El otro bloque de las observaciones ha sido para mostrar el rechazo absoluto, al igual que han hecho las representaciones sindicales, al nuevo complemento de desempeño, que viene a sustituir a la productividad. “No podemos tolerar que se fije un complemento totalmente arbitrario, basado en criterios subjetivos y cuya única intención es castigar al funcionario. Es necesario articular elementos de incentivación que propicien un buen clima de trabajo y este complemento va a causar totalmente lo contrario”, declara la vocal Vanesa Fernández.
Por otro lado, esta asociación considera que para poder contar con personal implicado y satisfecho con la Administración es condición necesaria que se dote a dicho personal de retribuciones acordes con las necesidades diarias. Así, pensamos que, “el sueldo, base, de los funcionarios no puede ser inferior al SMI ya que este es parte fundamental para determinar la pensión de jubilación. No se entiende que el gobierno negocie subidas salariales con la patronal y sindicatos y no revise el sueldo de sus funcionarios que han perdido en la última década un 15% de poder adquisitivo. No es admisible que seamos siempre los funcionarios públicos los que veamos recortados nuestros derechos económicos a consecuencia de las distintas crisis sufridas y por ello pedimos también que la paga extraordinaria recoja también el 100% de las retribuciones íntegras”, declara la vocal Ángela Arias.
El Presidente de la Asociación destaca principalmente dos observaciones que considera necesarias para una administración de futuro como pretende ser esta ley. “Una de ellas es reivindicar el papel que las asociaciones profesionales de trabajadores, como la que tengo el orgullo de presidir, desempeñan en la aportación de mejoras del día a día del trabajador. Por supuesto, sin desdeñar el papel de las representaciones sindicales y los derechos que éstas tienen, nosotros reclamamos que se escuche a las asociaciones que no hacemos sino aportar nuestro trabajo altruistamente. Así, pues, reivindicamos que esto figure por escrito y que se otorgue un crédito de horas a los dirigentes de las asociaciones para poder seguir trabajando con todos los agentes sociales. También solicitamos en las observaciones que la Administración inicie los trámites necesarios para establecer la jornada laboral de 4 días. No se entiende que se esté incentivando en la empresa privada la jornada de 4 días laborables y sin embargo en la Administración no se contemple”, afirma Joaquín Jiménez.
El gobierno tiene una buena ocasión para dictar una ley de Función Pública adaptada a los tiempos que corren y sobre todo pensada en el futuro.