SITUACIÓN ACTUAL Y TIPO DE EXÁMENES EN EUROPA

1.- La evaluación como parte del aprendizaje

2.- Agresiones a examinadores. Entrega de resultados

3.- Evaluadores, funcionarios públicos. Garantía para los ciudadanos.

1.- LA EVALUACIÓN COMO PARTE DEL APRENDIZAJE

A pesar de los esfuerzos de las autoridades comunitarias, sigue existiendo una gran disparidad de exámenes y condiciones para presentarse al permiso de conducir en los distintos países que pertenecen a la Unión Europea.

La Directiva 2006/126/CE ha sido uno de los intentos más recientes por parte de las autoridades del continente, pero realmente la transposición en los distintos países, no ha supuesto conseguir uno de sus objetivos fundamentales, armonizar las normas sobre el permiso de conducción. Este mismo propósito ya tuvo intentos anteriores, como fue la publicación de la Directiva 91/439/CEE, de 29 de julio.

Es verdad que se están consiguiendo pequeños avances, pero en la Europa de los 28, subsisten importantes diferencias, que a medio o largo plazo, parecen muy difíciles de salvar. La cuestión más preocupante es que resulta preciso establecer definitivamente una política común que contribuya, principalmente a la seguridad vial y con ello, a la bajada del número de fallecidos en accidentes de Tráfico, la gran pandemia de este siglo XXI y que azota a todos los países de la Unión. Además, la libre circulación de personas entre estados, hace imprescindible unificar las condiciones de acceso al permiso de conducir, con el fin de que no se produzcan distorsiones significativas entre los distintos países miembros.

En el caso concreto de España, quisiera destacar las diferencias con los países de nuestro entorno más inmediato en este asunto y que entendemos, desde el punto de vista de los examinadores, que las autoridades españolas deberían hacer un esfuerzo por ir más allá de las obligaciones impuestas por la escasa legislación comunitaria y apostar por introducir todo lo que está dando buenos resultados en varios países de nuestro entorno.

Uno de estos aspectos, en relación a la obtención del permiso de conducir, se refiere al aprendizaje previo antes de ir al examen práctico. Tanto en Francia, como Portugal o Alemania, se requiere acreditar por parte del aspirante, unas clases en centros apropiados al efecto, con el fin de adquirir los conocimientos básicos necesarios para afrontar con un mínimo de garantía el examen y por ende, los requerimientos imprescindibles que la sociedad solicita a los conductores que acceden a las vías públicas.

En España, no existe tal aprendizaje obligatorio y únicamente pagando las tasas de examen, pueden presentarse a las pruebas del permiso de conducir. Así, todos los examinadores que ya llevamos unos años ejerciendo, podemos contar múltiples experiencias con alumnos que han acudido a las pruebas con cero clases. Y efectivamente, digo bien, podemos contarlo y eso ya supone toda una suerte, porque como cualquiera se puede imaginar, constituye un auténtico peligro.

Ya que no sale de cada uno de los miembros de la sociedad o al menos, de una parte, el prepararse de forma adecuada para afrontar eso que llamamos conducir, deben ser las autoridades de Tráfico, como se ha hecho en otros países de nuestro entorno los que tomen las riendas y obliguen a esa instrucción previa, tan necesaria.

Los examinadores entendemos que la evaluación debe considerarse parte del aprendizaje y constituir por ello uno de los pilares básicos del mismo sistema.

El examen es un acto obligatorio que sabemos tiene una gran repercusión social por las consecuencias que provoca para el alumno y su entorno, pero no debe entenderse que se hace por el simple hecho de poner trabas al ejercicio del derecho de conducir. Queremos hacer comprender a los ciudadanos que tiene su razón de ser dentro del aprendizaje. La evaluación permite ver qué tipo de nivel tiene el alumno, si ha comprendido y asimilado los requerimientos mínimos para conducir y si está preparado para integrarse en el flujo circulatorio. En realidad, la evaluación es una garantía para él mismo y los demás usuarios.

Tristemente, los alumnos y sus familias, en la mayoría de los casos dan únicamente valor a la obtención del documento en sí mismo más que al aprendizaje. La sociedad en general parece que sólo tiene en cuenta la obtención del trozo de plástico que acredita para conducir en vez de valorar el esfuerzo y el conocimiento real que habilita para llevar un vehículo en condiciones mínimas de seguridad vial.

La evaluación se convierte así en la finalidad en vez de ser un instrumento al servicio del sistema de aprendizaje para la conducción. Así visto, cuando la evaluación adquiere un valor final, el sistema genera una dinámica que se aleja de los objetivos de formación. Todo se vicia, se distorsiona, se “disfuncionaliza”.

Nos gustaría desde ASEXTRA, hacer ver a la ciudadanía que la evaluación es una reflexión, un control de calidad sobre lo que se está haciendo, una forma de ver si se sigue la línea que la Administración quiere con el fin de contribuir a la bajada de accidentes.

Pero, si no hay aprendizaje previo, ¿qué evaluamos? El resultado podemos adivinar cuál es.

2.- AGRESIONES

Un segundo aspecto que nos diferencia de Europa y al mismo tiempo tristemente nos iguala, ya que se producen en todos los países comunitarios, como digo, muy a pesar de examinadores, son las agresiones que sufren, en ejercicio de sus funciones. En cuanto al caso español, uno de los momentos más críticos se produce en el tema de la entrega de resultados de las pruebas, una cuestión que llevamos años solicitando incluso rogando, que no se nos obligue a hacerlo en las condiciones actuales.

Tomando como referencia el modelo francés, donde desde hace más de diez años y con el fin de evitar las agresiones, los resultados no se entregan en el momento ni en persona al aspirante, se envían por correo o internet. En España la Dirección General de Tráfico, el organismo regulador de las pruebas de conducir, nos obliga a entregar estos resultados al finalizar la prueba, de forma personal al interesado, incluso dentro del habitáculo minúsculo de un coche o fuera, en entornos aislados como pueden ser polígonos industriales u otras zonas donde habitualmente se desarrollan las pruebas, y en las que el funcionario está completamente desamparado.

Los medios de comunicación se han hecho eco de varias de las agresiones sufridas por los examinadores, algunas de ellas han revestido incluso mucha gravedad, con importantes secuelas físicas y psíquicas. La Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) ha defendido los intereses y derechos de estos funcionarios agredidos en el ejercicio de sus funciones ante los tribunales, porque ni siquiera han tenido el apoyo claro y contundente de la propia DGT, algo que nos resulta incomprensible desde cualquier punto de vista.

Todos sabemos que las agresiones a los funcionarios han aumentado en esta coyuntura de crisis económica, crisis de valores e incluso influenciado también por las campañas de descalificación al funcionario público desde algunos sectores. Los protocolos dictados por las autoridades para paliar este problema, han resultado a todas luces insuficientes puesto que no han protegido como debieran al examinador de estos actos, cada vez más graves y más numerosos, también.

Además, en los tribunales nos topamos con otro problema, que agudiza aún más el sufrimiento de la víctima. La gravedad de estos hechos, de los ataques personales a los examinadores, nadie los pone en duda y acarrean por lo general, el rechazo en la sociedad, pero esta sensibilidad que generan los casos de violencia, contrasta con la escasa reacción penal, puesto que estos episodios a veces se zanjan con simples multas y con ello, se devalúa y queda impune la autoridad que ostenta el funcionario público, lo que constituye sin duda, un ataque manifiesto a la dignidad profesional del funcionario examinador. Algo que desde esta Asociación luchamos por cambiar.

3.- FUNCIONARIOS

Y por último, quisiera terminar mi exposición haciendo una defensa acérrima de la bondad que supone que los encargados de las pruebas sean funcionarios.

La función pública profesional e inamovible supuso en el siglo XX un paso de gigante al superar el viejo sistema del “spoil system” que se basaba en el hecho de que el partido político que ganaba las elecciones despedía a los funcionarios que hasta ese momento trabajaban en la Administración y los sustituía por otros afines a sus planteamientos ideológicos para llevar a cabo su programa político y, obviamente, para pagar antiguos servicios prestados y comprar anticipados servicios futuros.

La empresa privada tiene como uno de sus objetivos buscar el beneficio, algo que no es criticable, por supuesto, pero lógicamente, su labor se vería influenciada por el rendimiento económico que pudiera obtener. Una empresa privada puede seleccionar libremente a su personal, sin atender a criterios de capacidad y mérito, como ocurre en la selección de los funcionarios públicos. También podría influir sobre ellos para buscar la rentabilidad de la empresa, de la manera que fuera. Insisto, algo que permite las normas legales.

Por eso, el puesto fijo del funcionario, obtenido por oposición pública y abierta, lejos de ser un privilegio, es una garantía para el administrado. De hecho, la Administración es una fábrica de derechos para el contribuyente y el funcionario es quien debe garantizar que estos se aplican sin discriminación alguna, independientemente del turno político, de criterios económicos o de cualquier otro tipo de interés.

La garantía para los funcionarios de disponer de una función pública profesional se encuentra recogida en la Constitución española en su artículo 103 (“servir con objetividad los objetivos generales” e “imparcialidad en el ejercicio de las funciones”).

Quebrar este modelo abriendo la puerta a la privatización, con personal al que se pudiera despedir libremente sería dar un paso atrás en la Historia y abrir el camino para facilitar la tarea a los que pretenden que estos procesos únicamente atiendan a criterios económicos.

La existencia de un cuerpo especial de funcionarios examinadores, como ocurre en los países de nuestro entorno más cercano sería el camino a seguir, según nuestra opinión.

Con este grupo especial se conseguiría regular, controlar, gestionar e inspeccionar un servicio con muchas más garantías de calidad en todos los sentidos y en definitiva, servir mejor al interés público.

Desde hace muchos años, éste es uno de los objetivos de la Asociación de Examinadores de Tráfico la integración de todo el colectivo examinador en lo que podría denominarse “Cuerpo Especial de Técnicos en Seguridad Vial, perteneciente al grupo B de los contemplados en el art. 76 del Estatuto Básico del Funcionario Público y que sería adscrito a la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior. Entendemos que desde esa posición, podríamos afrontar mejor los retos de futuro que se avecinan en el sector y equipararnos con Europa, que en definitiva, es a lo que debemos tender.